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Vigilancia en el campo, costeada a medias



La propuesta trasladada por el alcalde de Valdepeñas a una amplia representación del agro local, de establecer un servicio nocturno de vigilancia rural, que prevenga y reduzca la delincuencia en contra del patrimonio y de las explotaciones; a falta de conocer el punto de vista de los portavoces agrarios, pasa por ser no sólo una novedosa fórmula de colaboración público-privado, en competencias que la legislación asigna, en primer término, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sin prejuzgar su eficacia para contener el desesperante ritmo al que los delincuentes se apoderan de motores y otros útiles agrícolas que luego sacan y venden fuera del país, la medida podría comportar, sin quererlo, sólo un repunte en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) Rústico, que los agricultores y propietarios de fincas en el término rural ya pagan a un precio cercano al de los inmuebles en el casco urbano, sin recibir los servicios que éstos.
La duda la despejará la incidencia de la creación de ese servicio -que reforzaría al que ya existe de día, en manos de la Policía y Guardería Rural Municipales- en la reducción del número de robos y daños a la propiedad, a lo largo y ancho de los 487,6 kilómetros cuadrados de nuestro municipio.

Tasa a las operadoras de telefonía móvil

La agenda de actualidad de los siete últimos días ha estado también marcada por la celebración del pleno municipal de febrero, con dos puntos sustanciales en su orden del día: la imposición de una tasa a las compañías de telefonía móvil que operan en la localidad y el rechazo a las demandas de la empresa que construyó y explota el complejo deportivo La Casa del Agua, de titularidad municipal. Asuntos privados de cierta complejidad e indudable calado en el interés general.
Pocas actividades empresariales escapan a la tributación al municipio por el uso de su espacio en pro de un beneficio particular. La de los operadores de telefonía era una de ellas, como hasta hace muy poco, los bancos que hace ya treinta años mecanizaron y sacaron a la calle uno de sus quehaceres más repetidos: reintegrar dinero a sus clientes. La cuestión, además de de justicia, apunta a una nueva y sustanciosa entrada de ingresos a la caja municipal, que el alcalde estima entre 350.000 y 600.000 euros anuales. La pretensión no es descabellada. El precedente lo pone el Ayuntamiento de Madrid, que tras una sentencia del Supremo, conseguirá cobrar.
Pretensión también -que todos los grupos políticos han valorado en el mismo sentido- ha sido la de la empresa concesionaria de la Casa del Agua, que declara pérdidas superiores a 600.000 euros y reclama una subida de la asignación que el Ayuntamiento le transfiere cada año, que le permita asimilar ese déficit en su cuenta de explotación. Los números, según la empresa, se hicieron bajo una previsión de clientes que está lejos de alcanzarse. En su escrito, llega a reprochar la escasa publicidad que desde el propio de ayuntamiento se ha hecho de esta nueva y gran instalación, que venía a mitigar el over booking del complejo Los Llanos, al que lejos de propiciar su ocaso y cierre, el gobierno municipal está potenciando.
Así las cosas y más allá de lo que la empresa acabe decidiendo tras de ver rechazada su reivindicación, complicado panorama el que se plantea al Ayuntamiento, si tiene que asumir la gestión directa de una infraestructura, cuya inversión apenas ha empezado a amortizar.


09/02/2017 | JULIÁN GÓMEZ
 
     
 
 
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