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Luz social
El Velador


“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, estableció la Constitución de 1978 en su artículo 1, es decir, cuando aún duraba el furor constituyente. Decir que España se constituye en un Estado social fue un compromiso serio con el pueblo español. Los constituyentes no estaban cantando un estribillo veraniego ni recitando un refrán. Afirmar que España es un Estado social significa que en España se deben prestar los servicios necesarios para que desaparezcan las principales desigualdades sociales. El Estado se comprometió a proporcionar sanidad, educación, seguridad social y otras prestaciones. Dado que la Constitución se configuró a propósito como una norma muy difícil de reformar para que durara muchos lustros, debía estar claro que esta misma Constitución debía ser adaptable a las dificultades del futuro. Ahora se ha presentado una dificultad social muy importante: el encarecimiento de la energía eléctrica. No entraré en saber qué papel juegan las energías renovables en este encarecimiento de la electricidad. Sea como fuere, con energías renovables o sin ellas, el Estado se comprometió a prestar servicios porque así lo declaró en su vigente artículo 1 y así debe ser. En un principio se asumió que no debían comercializarse la sanidad, ni la educación ni otros servicios ya reconocidos como “sociales”. Ahora el consumo de electricidad se ha presentado como una necesidad básica que debe integrarse en el marco de los servicios que debe prestar un Estado social. Y por ello el Estado debe arbitrar las normas necesarias para que el consumo eléctrico doméstico esté garantizado en determinadas economías familiares. El problema aparece cuando hay que caer del guindo y leer la Constitución mucho más allá de su bello artículo 1 para situarnos en el artículo 51, no menos bello y elegante y que dice lo siguiente: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Después de leer este artículo parece que uno acaba de ver la película “Mujercitas” o “Mago de Oz” por la ternura que provoca la cara del lector. Pero hay que desengañarse, este artículo tan romántico no sirve absolutamente para nada porque está situado en un Capítulo de la Constitución donde el constituyente agrupó todo aquello que al ciudadano le resulta más interesante y que la clase política sabía y conocía que regularía según sus intereses políticos. Allí, en esos “Principios Rectores de la Política Social y Económica” se encuentran el derecho a la salud, la vivienda digna, el medio ambiente y muchos otros principios que no constituyen Derechos Fundamentales. Observemos cuando la clase política habla de reformar la Constitución y veremos que ninguno dice que España debiera ser un Estado liberal, según sus más íntimos (y también únicos) deseos. Para qué decirlo si ya lo manda Europa.

Abogada
elveladordeaurora.blogspot.com.es


30/01/2017 | Aurora Gómez Campos
 
     
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