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El chantaje, ese delito con clase
-Pleitos tengas-


Cuando Raymond Chandler se quedó sin trabajo en 1.932 tuvo la feliz idea de intentar ganarse la vida, y el dinero que le costaba su afición al alcohol, escribiendo historias negras, negrísimas. En mi modesta y subjetiva opinión las que firmó son las mejores novelas de ese género, pero antes de facturar las que lo harían famoso (El sueño eterno, Adiós Muñeca, El largo adiós), comenzó a curtirse con relatos breves. El primero, publicado en 1.933, fue “los chantajistas no matan”, al final del cual el capital Cathcart le dice a Mallory, primer nombre con que bautizó al detective que después inmortalizaría como Philip Marlowe: “un trabajo fácil y agradable, eso del chantaje, no tendrás que enfrentarte a nada demasiado difícil”. Ya ven por qué era tan grande: en su primer relato, una cita mil veces repetida después para referirse al chantaje.
Me acordé de ella hace unos días cuando salió en los medios la detención de la cúpula del sindicato Manos Limpias, acusada de constituir poco más que una banda delictiva dedicada al chantaje al por mayor, con una profesionalidad y eficacia dignas de mejor causa. Un trabajo fácil y agradable, nada demasiado difícil.
Pero antes de desenredar esa madeja, dejemos una cosa clara: ni hablar de “extorsión”. Desde que existe la tele los periodistas utilizan erróneamente ese término cuando la verdadera extorsión, prevista en el artículo 243 del Código Penal, nada tiene que ver con esa conducta pues constituye un delito consistente en obligar a otro, con violencia o intimidación, a realizar un acto jurídico que causa un perjuicio patrimonial a la víctima. Por ejemplo, obligar a alguien a punta de pistola a firmar un cheque, o a ordenar una transferencia telemática; a veces se denomina a esa conducta como “robo documental”, pues en realidad solo se diferencia del robo común y corriente en que lo que el delincuente se lleva es un documento o un acto jurídico que tiene un valor económico en vez de dinero. Pero la extorsión, la verdadera, no es “fácil y agradable” como el chantaje, porque exige violencia o intimidación.
Por eso, de lo que se está hablando en este asunto y otros parecidos no es de la tan traída y llevada “extorsión”, una conducta de baja estofa propia de gente poco sutil, sino de una variante de un delito de guante blanco y con mucho más pedigree: las amenazas condicionales. En concreto la modalidad de ese ilícito en la que se conmina a la víctima con un mal que no constituye delito (en este caso, ejercitar acciones penales, interponiendo querellas, manteniendo acusaciones particulares, etc) y, a cambio de no llevar a cabo esa amenaza, se le exige el cumplimiento de una condición que no constituye una conducta obligatoria o debida para la víctima (al parecer, pagar al sindicato bonitas cantidades de dinero). Como ven, la interpretación de ese delito no resulta sencilla porque el mal con el que se amenaza (interponer una querella o mantenerla) no solo es perfectamente legal sino que, además, en ocasiones ha permitido que en nuestro país se castiguen delitos que en otro caso hubieran quedado impunes. Por si eso no bastase, en ocasiones, es difícil distinguirlo de algo que, por ejemplo, hacemos los abogados casi diariamente: advertir por carta que si no se atienden las peticiones de nuestros clientes tenemos instrucciones de ejercitar acciones legales.
El “quid de la cuestión” estriba en la condición cuyo cumplimiento se plantea al destinatario del mensaje. El Código Penal lo sintetiza diciendo que dicha condición debe ser una conducta que no sea “debida” u obligada para la víctima. Así, por ejemplo, cuando indicamos que si no pagan a nuestro cliente una deuda se ejercitarán acciones legales para reclamarla judicialmente, lo que se exige (el pago de una deuda) es una conducta debida u obligatoria para el deudor y, por tanto, queda claro que estamos haciendo algo distinto de lo tipificado como delito.
Pero las cosas no son siempre tan sencillas, porque puede que al final se declare que nuestro cliente no tenía razón en parte, o no la tenía en absoluto y, pese a ello, podemos haber enviado a la parte contraria un requerimiento conminándola, bajo la amenaza de ejercitar serias acciones legales, a acceder a algo a lo que finalmente resultaba que nuestro cliente no tenía ningún derecho.
Para deslindar lo que se puede y lo que no se puede hacer, los Tribunales vienen empleando lo que se suele denominar como “Teoría de la Relación”, que consiste más o menos en esto: si existe una relación lógica y razonable entre lo que se pide y aquello con lo que se amenaza, no hay ilícito aunque luego se demuestre que se está pidiendo algo indebido. Si, por el contrario, se está pidiendo algo absolutamente abusivo o exorbitante, una cosa que va mucho más allá de lo que sería la consecuencia normal del derecho que se pretende alegar y que tiene poca relación con él, la conducta es delictiva.
Estos tinglados no son cosa nueva. Ya hace años se dictaron algunas sentencias en las que se enjuició lo siguiente: un cliente de un pequeño banco había sido muy perjudicado económicamente por unas maniobras poco claras realizadas en la entidad. El ahorrador puso el asunto en manos de un abogado, junto con lo que pensaba que era el arma definitiva, pues le entregó unas pruebas que demostraban meridianamente que en el banco se habían cometido una serie de delitos fiscales. Con esos mimbres el abogado se dirigió a los bancarios advirtiéndoles que si no abonaban a su cliente lo que éste había perdido mas otra suculenta cantidad, por las molestias, las pruebas de sus delitos fiscales acabarían justo donde ellos no querrían. Al final el asunto trascendió y todos salieron perdiendo: los chantajistas fueron condenados por el delito de amenazas condicionales y los directivos del banco por los delitos fiscales.
La novedad ahora es que, quizá, un vulgar caso de chantaje pueda acabar teniendo consecuencias insospechadas, y lo digo porque creo que no pasará mucho tiempo hasta que alguien plantee que la única acusación que mantiene sentada en el banquillo a la Infanta, precisamente la de Manos Limpias, es nula de pleno Derecho por no ser más que el vehículo de un presunto delito de amenazas condicionales. ¿Apostamos algo?

Más información en www.franciscoperezabogados.com


18/04/2016 | Francisco Pérez. Abogado. Profesor de la UNED
 
     
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