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Señorías fallen, pero acierten



La instrucción judicial iniciada en 2010 por las ilegalidades en la contratación del arqueólogo municipal de Valdepeñas ha llevado ahora ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valdepeñas a los miembros del tribunal calificador y a dos funcionarios municipales de Cultura.
El Juzgado de Valdepeñas llevaba intentando tomar declaración a los imputados desde 2011, pero diversos recursos y estrategias de las defensas han producido la demora de la investigación. Las declaraciones ante este órgano judicial finalmente se han producido en mayo de 2014.
La oposición denunciada se celebró en 2006. Durante cuatro años, hasta 2010, un órgano judicial específico (Contencioso-Administrativo) se encargó de investigar si se produjeron ilegalidades. Sus conclusiones fueron que se produjeron ilegalidades tanto en la fase de concurso como en la oposición, que se hipervaloró a Julián Vélez y que se minusvaloró y se produjeron daños morales a mi persona, llegando a decir que se vio clara la intención del ayuntamiento de favorecer al otro aspirante.
Resulta ilusionante que otro órgano judicial (Penal) investigue ahora cuál fue el móvil, quiénes los beneficiarios y quiénes los inductores de la corrupción.
Constatadas las mentiras proferidas por los encausados en sus declaraciones estoy seguro de la capacidad de la Juez para discernir los hechos incuestionables de las falsedades. Una cosa es que como imputados tengan derecho a no decir la verdad y otra que sus mentiras, proferidas con desfachatez a una Juez, les resulten gratis.
Me resulta incomprensible tanta mentira en lo declarado por Felipe Rodríguez Aguilar, presidente de mi tribunal calificador, una detrás de otra durante su declaración. Eso sí, tan inseguro se encontraba que se ha negado a contestar cualquier pregunta procedente de mi abogado y también a las de los periodistas. Y es que Felipe Rodríguez ha mentido en Sede Judicial hasta en las cosas más absurdas, como por ejemplo cuando ha insistido en que las pruebas fueron anónimas. Ninguno de los demás miembros del tribunal calificador ha sostenido tal irrealidad, llegando este imputado a afirmar que el tribunal calificador desconocía a quiénes pertenecían los ejercicios. Es absurdo que a estas alturas Felipe Rodríguez intente persuadir a la Justicia de eso.
Es sabido que el anonimato a la hora de evaluar una prueba es fundamental para evitar minusvaloraciones o hipervaloraciones interesadas, tal y como declaró sucedido en Valdepeñas el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sin embargo al Ayuntamiento de Valdepeñas le gusta conocer bien a quién está evaluando, por lo que sus pruebas no han sido anónimas. Así puede calificar a los aspirantes según quiénes sean y no según lo que sepan. Por ejemplo, además del Caso Arqueólogo, cabe recordar aquel otro caso en el que el tribunal calificador no sólo aprobó, sino que dio el primer puesto, a un aspirante que no contestó al tema que por azar había tocado, sino a otro. El presidente del tribunal calificador era en aquella ocasión, oh casualidad, el alcalde Jesús Martín.
Respecto a Rosario García Huerta, profesora de la UCLM llamada por el Ayuntamiento como arqueóloga para evaluar aquel proceso selectivo, mantuvo otra estrategia de defensa. En contradicción con Felipe Rodríguez ella afirmó que las pruebas no fueron anónimas, pero intentó persuadir a la Juez de que lo más transparente en una oposición -y resulta asombroso que lo sostenga- es la lectura pública de los exámenes, manteniendo que siempre se hace así. Ante esta mentira mi abogado aportó a la Juez la convocatoria de la última oposición de arqueólogos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una de cuyas bases prescribe que los exámenes sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
Acerca de lo declarado ante la Juez por Juan Rodríguez Rincón, participante como delegado del Comité de Empresa en el tribunal calificador, puedo afirmar que este señor ha mentido a la Juez con un descaro que da especial vergüenza, tratándose de alguien que se supone debe defender los derechos de los trabajadores. Este miembro de Comisiones Obreras por algún motivo más bien parece formar parte del aparato de propaganda municipal y estar al servicio de la corrupción habida. Es así porque, por ejemplo, fervorosa y literalmente ha dicho durante sus declaraciones que no es el estilo del Ayuntamiento de Valdepeñas contratar sin un proceso selectivo. Su defensa de la política laboral del Ayuntamiento es muy reveladora, a la vez que contradictoria con tantas sentencias sobre despidos improcedentes como tiene este ayuntamiento en contra. Es surrealista que haya afirmado eso sin pestañear, cuando por ejemplo el arqueólogo municipal de Valdepeñas lleva desde 2003 contratado por decreto de diversos alcaldes, sin haber superado proceso selectivo alguno. La amnesia selectiva de este sindicalista da vergüenza ajena y es bochornosa para un sindicato como Comisiones Obreras.
Cuando alguien pone la mano y recibe un sueldo que no le corresponde, mes tras mes, no puede afirmar que con él no va la cosa. El arqueólogo municipal se encuentra en entredicho y, por lo que sabemos, dedica su tiempo de trabajo público a poco más que escribir con rencor y a modo de vendetta informes que sirven de soporte a falsas denuncias sobre mi actividad profesional; denuncias que el tiempo, la fuerza de los hechos y de la razón pondrán en su sitio: la nada. Esta sí que es una denuncia falsa; y por ello el ayuntamiento ha tenido sumo cuidado en insistir en que realmente no se trata de una denuncia, sino de un mero "comunicado". Con él tratan vanamente de represaliar y desprestigiar a quien desde hace años les denuncia, creyendo que de esa forma podrían dañar mi reputación y, de paso, también mi reclamación.
Sobre este asunto de las falsas denuncias es posible decir que el alcalde, próximo a la euforia histérica tan característica de su ser y que el poder le ha acrecentado, hace poco usaba su influencia para difundir la idea de que mi querella era falsa. No lo es sólo porque el Fiscal del Tribunal Supremo la haya apoyado -contrariamente a lo que él había dicho a los portavoces de los demás grupos políticos municipales, mintiendo una vez más-, sino también porque si fuera falsa me habría denunciado por ella.
Ya en 2002 expresé públicamente a través del semanario CANFALI, que el Ayuntamiento de Valdepeñas quería hacer un traje a medida de Julián Vélez. Entonces no era alcalde Jesús Martín, ni estaba en el equipo de gobierno Felipe Rodríguez. Pero Javier Pérez, codirector junto con Julián Vélez del yacimiento Cerro de las Cabezas, sí era ya Jefe de los Servicios Culturales. Una relación desde la infancia entre dos personas que nacieron en el mismo año, en el mismo mes y en el mismo pequeño pueblo manchego, que estudiaron juntos y que han trabajado siempre juntos podría ser el móvil.
Hace más de una década voluntariamente dejé de trabajar en el Cerro de las Cabezas. La decisión no fue fácil, entre otras cosas porque, como han señalado los imputados (es de lo poco cierto que han dicho), conozco bien este yacimiento arqueológico. Con mi decisión perdí cosas como mi posición laboral o el derecho a percibir prestación por desempleo tras el tiempo trabajado, pero gané en libertad para denunciar tanto el sistema endogámico y feudal como las irregularidades que en mi entorno laboral y profesional sucedían.
A pesar de los obstáculos, de las distracciones y de la dilación que este proceso está padeciendo por los recursos sin sentido de los implicados y de sus cómplices, su resolución se acerca. En este punto final cabe una petición a la Justicia, ya con carácter de urgencia tras tantos años: tomando como base lo que ya ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, para poner fin a esta corrupción y a estos abusos de poder señorías fallen, pero acierten.


19/05/2014 | Luis Benítez de Lugo Enrich
 
     
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