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La Audiencia revoca el archivo de la querella de Benítez por tráfico de influencias, en el “caso del arqueólogo”
Esta imputación se suma a la del tribunal de oposición, por prevaricación


La Audiencia Provincial de Ciudad Real, mediante Auto de 11 de febrero de 2016, ha anulado el sobreseimiento que la ex-titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Valdepeñas había realizado respecto de la imputación por tráfico de influencias del jefe de los Servicios Culturales del Ayuntamiento de Valdepeñas y del arqueólogo municipal, el cual, según dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de la región, fue “favorecido” en una oposición convocada por el Ayuntamiento, regido por el alcalde y senador socialista Jesús Martín.
La revocación del archivo de la causa por la Audiencia de Ciudad Real, se suma a otra anulación anterior en el mismo sentido; y también a la propuesta de la Fiscalía de Ciudad Real y del Juzgado nº 2 de Valdepeñas, de sobreseer la imputación por prevaricación de cuatro miembros del tribunal calificador de aquella oposición, que fue presidida por Felipe Rodríguez Aguilar, ex-teniente alcalde y ex-Secretario General del PSOE de Valdepeñas.
En el “Caso del arqueólogo”, la imputación por presunto tráfico de influencias de los dos técnicos de Cultura, se suma a la de los tres funcionarios del mismo ayuntamiento y a la de la arqueóloga designada directamente por el alcalde, para formar parte del tribunal de aquel proceso selectivo. La Justicia no ha imputado al quinto miembro del tribunal calificador, un experto designado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A su vez, el Tribunal Supremo, al que se elevó la denuncia al alcalde en el mismo proceso, por su aforamiento como senador, exculpó al primer edil por considerarlo ajeno al tribunal calificador y al propio proceso de concurso-oposición.
El ayuntamiento de Valdepeñas ha sido declarado responsable civil subsidiario en este proceso. Los imputados por prevaricación ya han satisfecho en el Juzgado de Valdepeñas, en efectivo o avalada con sus bienes, la fianza provisional de 45.000 euros que fue decretada para cada uno de ellos. El castigo previsto por el Código Penal para la “prevaricación de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo” es de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. La misma pena de multa se impondrá a la persona que haya aceptado la propuesta o nombramiento. En el caso del tráfico de influencias, independientemente de la responsabilidad civil que pudiera ser determinada por el Juzgado, el Código Penal establece que se les podrá castigar con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
El nuevo Auto de la Audiencia señala que "el hecho de que el Ministerio Fiscal hubiera formulado conclusiones absolutorias tampoco determina el sobreseimiento".
Luis Benítez de Lugo, arqueólogo denunciante de este caso, fue desimputado el pasado mes de enero de una denuncia que el Ayuntamiento de Valdepeñas había formulado contra él, por unos supuestos daños al Patrimonio Histórico. “Es lamentable la actitud del alcalde: lejos de dar transparencia y justicia a este caso, contrata de nuevo a dedo a su arqueólogo, enchufado cuando el Tribunal Superior de Justicia le quitó la plaza. También convocó una oposición en una forma ilegal, cuando tenía el mandato del Tribunal Superior de Justicia de no hacerlo. Y ha dado instrucciones a sus técnicos y concejales para promover una denuncia penal contra mí, por unos daños al patrimonio histórico que se han demostrado falsos e inexistentes, como ha señalado en un informe pericial la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, ha declarado Benítez de Lugo en un comunicado.


25/02/2016 | JARAIZ
 
     
 
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