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Benítez abre una colecta popular para financiar sus pleitos con el ayuntamiento y Martín tacha la iniciativa de engañosa y abusiva



Íntegros, los dos comunicados


El arqueólogo Luis Benítez de Lugo ha abierto una cuenta bancaria en la que solicita a la población que realice donativos, para financiar las costas de los distintos procesos judiciales que le enfrentan con el ayuntamiento; unos como denunciante y otros como denunciado. El origen de su nueva iniciativa no es otro que la asignación de una plaza de arqueólogo municipal, a la que él optó, a otro opositor. Benítez denunció el presunto caso de enchufismo y corrupción del tribunal calificador, en cuya acción implicó al alcalde.
Ahora, para recabar el apoyo económico de los ciudadanos, Benítez empezó el pasado lunes a distribuir un extenso escrito de denuncia pública “contra la corrupción política y administrativa”. Un escrito al que tuvo acceso al alcalde, Jesús Martín, que por su parte elaboró un largo comunicado de réplica, distribuido también sin firma (el de Benítez tampoco la tiene), para tratar de disuadir a quienes se piensen atender el llamamiento del arqueólogo.
A continuación, reproducimos íntegra y sucesivamente, los dos comunicados.


“COLABORA PARA ACABAR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA”

Exposición y muestra de casos:

1) Un político que ignora las sentencias judiciales.
El senador y alcalde socialista de Valdepeñas, Jesús Martín, publicó unas bases para un concurso público que habían sido declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) y, pasándose por alto el criterio de una sentencia previa comunicada al ayuntamiento, convocó una nueva oposición ilegal con las mismas bases ilegales. Así dejó clara su intención de vulnerar un pronunciamiento judicial firme, e intervenir en el irregular devenir del proceso de selección. Esta no es una opinión personal: así lo señaló una sentencia del TSJ. Asimismo el TSJ sentenció que todo resultó ser un caso probado de corrupción, por la intención del Ayuntamiento de Valdepeñas regido por Jesús Martín de favorecer a uno de los aspirantes. Sorprendentemente los tribunales de Justicia no le han castigado por ello.

2) No entra el más cualificado, sino quien es amigo del presidente del tribunal.
El TSJ sentenció que en un proceso selectivo para acceder a un empleo público los méritos y exámenes de un opositor fueron minusvalorados, causándosele daños morales. A la vez otro opositor fue hipervalorado, para concediéndosele la plaza de arqueólogo municipal artificiosamente. Por ello el TSJ en 2010 anuló esa selección corrupta y le quitó la plaza al enchufado.
Inmediatamente tras perder el enchufado su posición laboral el alcalde/senador Jesús Martín dictó un decreto para contratarle como fijo. Y así sigue hasta hoy. La oposición no ha vuelto a ser convocada.
Los detalles del caso pueden consultarse en la sección Prensa-Hemeroteca-Caso arqueólogo municipal de Valdepeñas de la página web www.estudio-arqueologia.es.

3) Ayudar a los amigos... por encima de la ley.
El ayuntamiento presidido por Jesús Martín ha realizado numerosos despidos improcedentes de trabajadores. Sin embargo ningún despido se ha llevado a cabo relacionado con la corrupción probada mencionada en los puntos anteriores. Probablemente porque el presidente del tribunal calificador de aquella oposición fue Felipe Rodríguez Aguilar, su teniente alcalde y Secretario General de la Agrupación Socialista de Valdepeñas. En la actualidad se encuentra imputado -a pesar de sus múltiples peticiones de sobreseimiento- porque existen serios indicios de que ha cometido prevaricación (tomar una decisión injusta a sabiendas). Sin embargo sigue manejando sus cargos y su poder como si nada hubiera pasado... hace ya ocho años ya de la oposición en la que hicieron trampas, según declaró con sentencia firme el TSJ.
¿Cómo es posible que no se haya convocado de nuevo la oposición, que el enchufado siga trabajando para el ayuntamiento y que los que hicieron trampas sigan manejando poder y dinero público?.

4) Otra vez: te llevas el puesto de trabajo público si quiere el presidente, aunque no estudies.
Jesús Martín fue presidente de un tribunal de oposición que no sólo aprobó, sino que dio la primera plaza, a un opositor que en el examen no contestó al tema que salió por azar, sino que respondió a otro diferente. Sus abogados no escatimaron esfuerzos en defenderle, pero el TSJ los desenmascaró y sentenció que el ayuntamiento tuvo el atrevimiento y la mala fe de intentar confundir a la Sala. Los términos contundentes de esta sentencia también fueron ineficaces en este caso. Al igual que en el caso anterior, el enchufado trabaja actualmente en el ayuntamiento, mientras que el que puso la demanda no. Para conseguirlo el ayuntamiento ha debido sufragar varios procesos judiciales, consiguiendo finalmente su ilegal propósito. Nuevamente la corrupción pasa por encima de la Justicia.


5) El dinero del pueblo, fuera del pueblo.
En enero de 2013 el Tribunal Supremo aceptó la querella presentada por existir indicios de prevaricación y desobediencia por parte de Jesús Martín. El TS nombró al magistrado Manuel Marchena instructor para investigar una denuncia sobre la actuación del secretario municipal (responsable jurídico del ayuntamiento) y del alcalde en el caso "Arqueólogo Municipal". Este caso fue llevado al TS porque la ley protege al senador Martín con un aforamiento; incluso en el caso de delitos que pudiera haber cometido fuera de su cargo de senador. Estamos hartos de este tipo de corazas de las que se han rodeado los políticos poderosos, y que aprovechan para cometer desmanes. Dos semanas después la prensa reveló que Martín por decreto había aprobado la contratación de los servicios jurídicos del bufete Garrigues por 20.750 euros (como si no hubiera abogados en el ayuntamiento, en Valdepeñas, en Ciudad Real o en Castilla-La Mancha). En abril de 2013 el bufete Garrigues organizó una conferencia para Manuel Marchena, no sabemos a qué precio. Sin demora, en mayo Marchena dictó un auto de sobreseimiento libre para el alcalde y el secretario del ayuntamiento de Valdepeñas, sin haber desarrollado ni una sola de las investigaciones propuestas y simplemente con la declaración de los imputados, que no se atrevieron a contestar a las preguntas de la acusación.
El Fiscal del Tribunal Supremo, ministerio que vela por el interés público y defensor constitucional de la legalidad, se opuso reiteradamente a este sobreseimiento, señalando que veía indicios muy claros de la comisión de un delito por parte del alcalde y el secretario municipal, y que se había producido un abuso intolerable de las facultades del alcalde. Sorprendentemente el TS ha ignorado al Ministerio Fiscal y ha condenado al que puso la reclamación a pagar las costas.

6) El Poder contra quien desvela el rostro al corrupto. Denuncia falsa. El denunciador denunciado.
El arqueólogo Luis Benítez de Lugo ha dedicado buena parte de su vida profesional a proteger el Patrimonio Arqueológico y combatir el expolio; de muy diversos modos. De forma surrealista y con gran cinismo, a propuesta del alcalde, el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valdepeñas aprobó por mayoría absoluta en el Pleno del pasado mes de abril denunciarle a la Fiscalía por presunto expolio. Es alucinante que esta denuncia fuera hecha sin presentar ni una sola prueba de daño al Patrimonio Arqueológico. Habiendo 14 puntos en el orden del día de ese Pleno, a este punto se le dedicó casi una hora (53 minutos). El nombre del denunciado fue pronunciado numerosas veces, mezclado con las palabras expolio, daños, incumplimientos de la ley, atentado o atropello. Los socialistas solicitaron el apoyo en la denuncia a los tres grupos de la oposición, pero no obtuvieron de ellos ni un voto. Cuando uno de los portavoces pidió al alcalde que no le levantara la voz cuando le llevaban la contraria, el alcalde/senador Jesús Martín le retiró el uso de la palabra y sentenció "Voy a vocear lo que me venga en gana", insultando además a la oposición, uno de cuyos portavoces abandonó el Pleno por ese motivo.
Al senador y alcalde le salió mal su intento de engatusar a los tres grupos de oposición, y utilizarlos para justificar y dar sensación de veracidad a su denuncia falsa; prudentemente ninguno se convirtió en su cómplice.
La denuncia en el Pleno fue aprobada gracias a los votos de todos los concejales socialistas, que levantaron su dedo sin rubor; dos de ellos estaban imputados por los tribunales de Justicia debido a denuncias interpuestas, pero no se abstuvieron. La denuncia se basaba en un informe parcial y pobre redactado por dos técnicos municipales, igualmente imputados. Ellos tampoco se abstuvieron de participar en la denuncia, sino que por el contrario dieron pie a que se formulara la misma.
Nunca antes una denuncia del Ayuntamiento de Valdepeñas había sido llevada a Pleno, televisada y colgada en la página web municipal, como escarnio público y para castigo mediático del denunciado, como señalaron los grupos de la oposición. Herederos de las prácticas y tradiciones medievales, los socialistas de Valdepeñas han intentado con los medios actuales colgar un San Benito del cuello a quien les denuncia por corruptos.
Antes el alcalde había difundido a través de los medios de comunicación que, si el que le denunciaba quería trabajar en el ayuntamiento, lo que tenía que hacer es estudiar, con olvido de lo dicho por el TSJ de que se vio clara la intención del ayuntamiento de favorecer a uno de los aspirantes.
Como ese argumento de la menor cualificación del denunciante es indefendible ya, habida cuenta de la sentencia del TSJ, ahora la estrategia municipal ha girado e intenta denunciarle por cosas que no ha hecho.
La Administración municipal y el partido socialista de Valdepeñas han sido utilizados indignamente como instrumentos por personas que vienen siendo denunciadas durante años, y sobre las que los tribunales de justicia han dicho que existían muy serios indicios de conducta corrupta.
Con esas herramientas se ha intentado menoscabar el honor e imagen de quienes se oponen a los corruptos, profiriendo numerosas mentiras y poniendo en duda su integridad moral.
Además, previsiblemente el arqueólogo que ha denunciado al alcalde habrá de enfrentarse a la denuncia falsa. Y también quizás al bufete Garrigues, pues en casos anteriores el alcalde no ha dudado en contratar este carísimo bufete de abogados -que organiza cursos de alto standing para los jueces del TS- con el fin de defender sus intereses, frente a los denunciados con los que trata de acabar.

7) La puerta giratoria, en Valdepeñas.
El partido socialista en Valdepeñas ha llegado a convertirse en una caricatura bicéfala, cuyas cabezas -el alcalde Jesús Martín y su teniente alcalde Felipe Rodríguez-, aunque se detesten, se ven unidas por su silenciamiento amoroso a la corrupción. Se alimentan la una a la otra para mantenerse erguidas a cualquier precio. Y lo peor es que lo hacen con un buen montón de personas que les sonríen, apoyan y aplauden. Son sus cómplices.
El alcalde no ha hecho nada para desenmascarar quién hizo trampas en un proceso selectivo de empleo público. El presidente del tribunal calificador, el teniente alcalde, actúa como si con él no fuera la cosa.
Para ambos es normal actuar como está probado que sucedió. Si por ellos fuera no habría "caso".
A estas dos cabezas políticas les une su condición: son personas que han medrado en la carrera política desde la adolescencia, siendo incapaces de ganarse el pan fuera de ella. El alcalde -que no ha superado el bachillerato- y su teniente alcalde -del que tampoco se conoce que sepa trabajar fuera de los despachos políticos- son especialistas en el uso de "la puerta giratoria": senador, diputado, concejal liberado, asesor...cualquier sitio que permita llenarse los bolsillos mes tras mes con buenos sueldos del dinero público es atractivo para ellos. Cuando salen de un cargo público ya están entrando en otro, como si de una puerta giratoria se tratase. No son verdaderos servidores públicos, como tantos hay. Se camuflan como si lo fueran, pero forman parte del club de los vividores de la política. Son verdaderos especialistas en utilizar los resortes del poder para medrar y dar prebendas a quienes les apoyan y son partícipes de su juego.

8) Dinero público para fines privados.
¿Tú pagas cada mes la factura de tus llamadas telefónicas?.
La prensa reveló en 2013 que tanto el alcalde de Valdepeñas como alguna de sus concejalas utilizan presuntamente el teléfono móvil pagado con dinero público para realizar llamadas de índole privada, por importes de miles de euros, incluidas llamadas a países extranjeros; entre otros Argentina (hasta 50 llamadas en un mes), de donde es nativo el novio del alcalde, y Hungría o Rusia. ¿Qué interés tiene el ayuntamiento de Valdepeñas en estos países?. ¿Por qué no utilizaron su móvil personal?.
Frente a ello, algún policía municipal ha sido obligado a devolver al ayuntamiento cantidades como 17 euros, debido a que con sus tabletas o dispositivos móviles oficiales produjeron ese gasto al descargarse datos por navegar en internet.
Ni el alcalde ni la concejala han devuelto nada a las arcas públicas.

El ayuntamiento paga con dinero público los abogados y procuradores, pero no siempre para lo mismo. A veces con ellos defiende a ciertos trabajadores, y en ocasiones va contra ellos. ¿Por qué trabajadores municipales deben litigar contra el ayuntamiento con su dinero personal cuando, por ejemplo, son despedidos o atacados injustamente, mientras que otros trabajadores que probadamente por el TSJ han hecho trampas reciben el apoyo de los servicios jurídicos que el ayuntamiento contrata?.
Tamaña injusticia en el uso arbitrario de los fondos públicos que la administración municipal destina a los gastos jurídicos es otro hábito en este alcalde.


Conclusión y petición de ayuda

Hoy es inaplazable evitar que la corrupción pudra una vez más la democracia, el sistema político y la Administración.

Nos han causado daños, amenazado, insultado e injuriado, pero mañana te puede tocar a ti, o a tu hijo. Por eso, participa en esta propuesta.

Se hace esta llamada a la ciudadanía para contribuir solidariamente a ingresar en la cuenta bancaria indicada más abajo cuantas donaciones sea posible, cualquiera que sea su cantidad, por pequeña que pueda parecer, porque el coste económico de enfrentarse a los corruptos de los partidos políticos y la Administración es grande. Puede hacerse de forma anónima o firmada; presencialmente en la entidad bancaria, por cajero automático o por internet.

La propuesta concreta es la siguiente: abrir un plazo de financiación colectiva hasta el 31 de diciembre de 2014 para ingresar donaciones que permitan hacer frente a gastos jurídicos, tasas judiciales, costas, denuncias y otros cargos a los que debe enfrentarse Luis Benítez de Lugo debido a su denuncia de casos de corrupción.
Además, si fuera posible, con las donaciones obtenidas se interpondrán dos acciones penales como Acusación Popular para investigar las presuntas malversaciones de caudales públicos, denuncias falsas y prevaricaciones de Jesús Martín y otros dirigentes que, en vez de estar al servicio del pueblo, se sirven de él, comportándose como caciques.
Empezamos por lo cercano e inmediato.

Ayuda tú a que su codicia y mentiras no queden impunes. Apoya económicamente la denuncia, cuando los que nos administran practican conductas inaceptables. Este fondo se ha creado para eso.

Todo el dinero que sea ingresado en esta cuenta será empleado en gastos derivados de combatir la corrupción administrativa y política, y de todo ello se dará periódica información.
Los movimientos y gastos de la cuenta estarán a disposición de los donantes que lo soliciten.

Si algo sobrare será entregado a organizaciones no gubernamentales dedicadas a ayudar a los más necesitados.

Gracias por tu ayuda. Con ella contribuyes a que nuestra sociedad sea más justa.

Ingresos en la cuenta número: ES49 2038 3301 8860 0031 2765
Sucursal Bankia c/ Seis de Junio 70. 13300 Valdepeñas (Ciudad Real)
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A LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS:
COMUNICADO ENGAÑOSO Y CROWDFUNDING ABUSIVO DE BENITEZ DE LUGO

El Arqueólogo y dueño de la mercantil Anthropos S.L. se ha disfrazado de ciudadano indignado, como un perfecto simulador, y ha emprendido una cruzada, porque no ha obtenido una plaza de técnico en el Ayuntamiento de Valdepeñas, contra cuyo Alcalde, miembros de la corporación y de su propio partido (PSOE) y varios funcionarios y técnicos, arremete, sin decirle a la opinión pública, para ocultar sus propias vergüenzas, a cuantas oposiciones o concursos, de distintos organismos públicos, ha concurrido y en cuantos ha fracasado, y en cuantos ha recurrido y en cuantos han prosperado sus recursos, o de qué manera o con qué interés realiza, en ocasiones, sus trabajos de arqueología. Desde luego, es oportuno llamar la atención sobre el plazo para finalizar su recaudación (31 Diciembre de 2014), justo un poco antes del comienzo de las próximas elecciones municipales y autonómicas (Mayo de 2015). ¡Qué casualidad!
Esta clase de individuos, que “piden” dinero para su cuenta corriente personal, de la que ellos solos son sus administradores, con la promesa de gestión transparente, pero con finalidad de subvencionar su propio ego e interés, es decir, sus propios gastos y costas judiciales, como actor o como denunciado, no debe confundirse con aquellos otros ciudadanos que promueven causas sociales o emprenden actividades con financiación colectiva (crowdfunding), como alternativa al sistema financiero especulador y globalizado actual. Por tanto, piensen los destinatarios de su soflama dos veces, antes de dar apoyo económico a Benítez de Lugo, que actúa despechado por sus propias frustraciones, poniendo como anzuelo la corrupción, como concepto que cualquiera rechaza, porque es uno de los estigmas de nuestro tiempo, que todos queremos erradicar.
Pero acudir a la corrupción, con dedo acusador, no convierte en corrupto al señalado. Las palabras, expresiones u opiniones, utilizados para explicar hechos o conductas supuestamente corruptas, admiten manipulaciones, abusos o engaños y el que lo hace de este modo pervierte la naturaleza y la esencia misma de lo que pretende denunciar, al hacerlo con vileza. Es el caso de Benítez de Lugo, a quien sus aspiraciones de convertirse en funcionario público o en contratado laboral fijo, con sus presiones y sus querellas, no le han ido demasiado bien. Nos hace un relato subjetivo y engañoso, para abducir a la gente. Sobre todo para atraer a su causa a los que ya quieren mal o son críticos o enemigos de los que él mismo señala, pero también para sembrar la duda, en su contra, por parte de aquellos otros ciudadanos de buena fe, o incluso, para alimentar odios en la sospecha. Esa, y no otra, es su intención. Y de tales infundios, ofensas, manipulaciones y desprecio por la verdad, deberá responder ante la justicia. Por eso, ante tal previsión ya se ha precipitado a recaudar dinero a los incautos que accedan a ello. No tanto para accionar él, para que coincida con periodo electoral y hacer más daño, como para defenderse de las acciones judiciales que contra él se han iniciado y las que cabe iniciar a partir de su comunicado.
Por el momento, allí donde pretende manchar la imagen de Jesús Martín, como Senador y como Alcalde, o la del Secretario del Ayuntamiento de Valdepeñas, la justicia, en este caso el Tribunal Supremo, ya ha hablado. Y a Benítez de Lugo no le ha gustado lo que ha dicho: que no existe ningún dato para abrir causa contra ellos, ni por prevaricación, ni por desobediencia, es decir, que no lleva ninguna razón el querellante y, por tanto, decreta el “sobreseimiento libre y archivo”, es decir, con los mismos efectos que una Sentencia absolutoria. Y, además, le condena en costas por un recurso que formuló, lo que da idea de hasta dónde llega su empeño temerario. Por tanto, no hay mancha alguna y no hay ya espacio para la sospecha. Si un Instructor y una Sala de tres magistrados se han pronunciado al respecto, la insistencia sobre el mismo tema por parte de Benítez de Lugo se convierte ya en voz cansina y vengativa. Sobre todo cuando, ante tal resultado, también arremete contra un Magistrado del TS, al cual no duda en acusar de corrupción, basada en una mera especulación e interrelación de situaciones o actos distintos e inconexos, cuya falacia cae por su peso, desde el momento en que manipula las fechas y las situaciones, para que encajen unas piezas que no integran la misma composición y no están relacionadas entre sí.
Benítez de Lugo, hace versiones tendenciosas de aquello que narra. Dice, por ejemplo, que el TSJ-CLM señaló en una Sentencia, como caso de corrupción, aunque “sin castigo”, la anulación de un concurso oposición en el que él mismo participó. Su incongruencia es tan evidente que nadie puede entender que, a la vez, una Sentencia proclame un “delito” (eso es lo que quiere que se entienda, cuando habla de corrupción) pero no exista condena. ¿Cómo puede ser? Muy sencillo: no hay caso de corrupción. Es, por tanto, falso de toda falsedad y, además, no dice y, por tanto, manipula, la información que transmite: las competencias de dicho tribunal (ámbito administrativo) no incluyen premio ni castigo a nadie. Tampoco dice que él mismo no impugnó las bases, es decir, que las consintió y participó voluntariamente en el concurso-oposicion. Igualmente oculta que como las bases no fueron objeto de su reclamación, el TSJ carecía de posibilidad de análisis sobre las mismas. Benítez de Lugo formuló su reclamación una vez comprobado que no había conseguido la plaza. Si la hubiera obtenido, diría que todo el proceso, las bases y la convocatoria, hubieran sido correctos. También oculta que tales bases se habían aprobado por el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad, previa clasificación de los puestos de trabajo y previo consenso por la mesa de negociación. Nadie había puesto objeción. Y, además, la misma convocatoria se había realizado para otros 66 puestos, entre funcionarios y laborales, sin que ninguno de ellos resultara impugnado, ni tampoco anulado. Solo el suyo.
Pero el resultado de su reclamación, es decir, la anulación del concurso-oposición, con el efecto legal de que las cosas debían reponerse a su estado anterior, tampoco le gustó a Benítez de Lugo y, por tanto, arremetió contra la vuelta a la situación que tenía, bajo contrato, anterior a la llegada a la Alcaldía de Jesús Martín, el arqueólogo que había obtenido la plaza que se anulaba. La forma de hacerlo fue incluir este acto de reposición en su querella. La misma que ha sido objeto de sobreseimiento por el Tribunal Supremo.
Esta resolución judicial, firme y definitiva, ha dejado vacía de contenido la estrategia procesal de Benítez de Lugo, desde el momento en que acusaba de que los manejos del Alcalde alcanzaban a los miembros del Tribunal que formó parte del concurso oposición para, supuestamente, inclinar la designación hacia determinada persona. Pero una vez excluida y limpia de cualquier clase de duda su actuación por el TS, Benítez de Lugo pretende residualmente, de un lado, la condena de aquellos miembros del Tribunal, formado, en segunda línea de tiro, por el teniente de Alcalde Felipe Rodríguez, un funcionario municipal que hacía de Secretario, otro funcionario designado por el Comité de Empresa, una profesora de la Universidad de CL-M y un técnico cualificado de la Administración autonómica, y, de otra, al Técnico de Cultura del Ayuntamiento y a la persona contratada como arqueólogo, que concursó a la plaza. Contra todos ellos están abiertas diligencias de investigación, a instancia de Benítez de Lugo, que es causa no excluida de su singular solicitud de “financiación colectiva”, sin decir que él está asistido legalmente por su padre, un prestigioso Abogado, el cual será quien, a la postre, perciba sus honorarios de la recaudación obtenida. Aquí la corrupción que pregona, parece que pierde intensidad y se convierte en pretexto para la perversión y en convocatoria para el engaño. Se percibe cierto tono de “presión”, para obtener alguna clase de resolución favorable a su causa, en un proceso que está subiudice, pero que exige la firme creencia democrática y constitucional del derecho a la presunción de inocencia de los que aparecen como implicados. La misma presunción de la que gozaba Jesús Martín y el Secretario de la Corporación, cuya inocencia fue finalmente confirmada, como se confirmará la de estas otras personas, sobre todo si tenemos en cuenta que el Ministerio Fiscal, la institución que representa el principio de legalidad e imparcialidad, ya solicitó el sobreseimiento de tales actuaciones, sin que aún se haya entrado en su resolución de fondo, aunque estamos seguros y confiamos de obtener una resolución en tal sentido, por parte de los tribunales competentes. Entonces, veremos como Benítez de Lugo, encontrará el modo –como lo hace actualmente a pesar de tener ya resultados judiciales ciertos y firmes- de arremeter contra quien haya tenido la osadía “corrupta” de no atender sus injustificadas pretensiones.
En cuanto a la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Valdepeñas contra el ahora “recaudador” Benítez de Lugo, tiene como objeto un supuesto y reciente “expolio” y daño al patrimonio arqueológico de Valdepeñas, cometido con abuso de licencia, pero se limita a comentar elementos circunstanciales como el tiempo empleado en la discusión o los modos utilizados en el debate. Sobre este extremo, habrá de estarse a los resultados de la investigación judicial, pero llama la atención de que no excluya de la “financiación colectiva” los gastos de defensa en este proceso, donde es suya y exclusiva su responsabilidad, pero su financiación, pretende que otros asuman esa misma responsabilidad. No parece tener límites la “cara dura” de este singular personaje, que concluye su alegato no solo renegando de su propio partido (el PSOE de Valdepeñas) sino acusándolo de complicidad, por corrupción silenciosa, figura importada claramente del papel atribuido procesalmente a la Infanta Cristina en el caso Urdangarín y con alusiones a consumos telefónicos también resueltos sin consecuencias, o con alusiones de orden personal, que en nada ayudan a entender su queja.
Benítez de Lugo hace una llamada a la ciudadanía y habla, utilizando el plural, eufemísticamente, para lo que solo son problemas personales, profesionales y políticos (“nos han causado daños…”). Pide que le hagan donaciones económicas para sufragar sus gastos jurídicos derivados de los procesos judiciales en los que está inmerso, como querellante o lo estará como denunciado, así como para iniciar otras acciones judiciales indeterminadas, puesto que su comunicado solo habla de cuestiones ya resueltas o en curso. Y no dice que el abogado que lo representa es su padre, como queda dicho anteriormente.
Desde aquí, queremos invitar a la ciudadanía a que exprese su rechazo al comunicado engañoso y “crowdfunding” abusivo de Benítez de Lugo y difunda este escrito, remitiéndolo a su correo-e: lbenitez@valdepenas.uned.es. Por cierto, este Sr. no es capaz de facilitar su propio e-mail personal y utiliza, para difundir sus comunicados, el correo que le ha facilitado la UNED, una institución pública, en la que él trabaja como docente. ¿Cabe mayor descaro?


17/07/2014 | JARAIZ
 
     
 
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