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El alcalde lleva al pleno, su denuncia por presunto expolio al arqueólogo que le acusó de prevaricar
Toda la oposición coincide en que el equipo de gobierno quiere escarnecer a Luis Benítez de Lugo: “casos similares nunca pasaron por pleno”. El informe que sustenta la denuncia está elaborado por los técnicos a los que el acusado demandó por tráfico de influencias. Pena abandona la sesión después de que Martín le tache de “mentiroso”


El asunto más discutido del pleno ordinario de abril ha sido el que dejó al descubierto todas las aristas que el equipo de gobierno ha desarrollado ante uno de sus principales detractores, el arqueólogo Luis Benítez de Lugo, quien desde 2003 ha pleiteado contra dos alcaldes y los integrantes de sendos tribunales de oposición que, fraudulentamente según el demandante, dieron la plaza de arqueólogo municipal a otro opositor.
Cuando aún está reciente el archivo de la demanda de Benítez de Lugo, en el Tribunal Supremo, en contra del alcalde Jesús Martín, por presunta prevaricación administrativa al permanecer en su puesto un técnico cuyo nombramiento fue invalidado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (hechos de los que el magistrado del TS exculpa al alcalde y senador), el gobierno municipal decide informar a la Fiscalía de Ciudad Real, de la supuesta infracción y presunto expolio que atribuye al arqueólogo, después de que éste llevase a cabo un trabajo de campo dentro del entorno de protección del yacimiento del Cerro de la Cabezas, gracias al cual Benítez aseguró haber dado con la necrópolis de la ciudad ibera extinguida en el siglo III antes de nuestra era.
Benítez operó con una autorización que, según pone de manifiesto la denuncia del ayuntamiento, le permitía hacer prospección del terreno con geo-radares y detectores de metales, y anotar los indicios en un plano, pero no excavar la tierra y extraer objetos de valor patrimonial. Según afirmaron ante el pleno, tanto el alcalde como el concejal de Cultura, Manuel López Rodríguez (que dio lectura al informe de los servicios culturales del ayuntamiento, base de la denuncia), Benítez de Lugo extrajo hasta 400 objetos del subsuelo, sin que se sepa dónde están.

VENGANZA

Tanto el PP como Ciudadanos e Izquierda Unida, dieron por hecho el ánimo del alcalde, Jesús Martín, de someter a un escarnio público al arqueólogo, en venganza por haberle tenido subjudice durante años y hasta hace unos meses. El ayuntamiento ha llevado a los tribunales a otras personas sin hacerlas pasar por el sambenito del pleno municipal, afirmaron tanto Fernando Prieto, del PP, como Gregorio Sánchez, de Izquierda Unida. Prieto y Sánchez, en sus respectivos turnos se acordaron de los procesos abiertos en los tribunales, a instancias del ayuntamiento, contra funcionarios acusados de irregularidades en la gestión de tributos. La denuncia a la fiscalía se hizo por decreto de alcaldía y no por acuerdo plenario. El alcalde lo negó. Recalcó que respeta la presunción de inocencia que Benítez no le concedió a él en sus declaraciones a la prensa y destacó como hecho sin antecedentes, que el ayuntamiento proceda judicialmente contra quien supuestamente ha atentado contra el patrimonio histórico. Una denuncia a la que le obligan las leyes nacional y autonómica de protección del patrimonio histórico. Por eso este asunto pasa al pleno. En el caso de los tributos, el pleno no decidió la denuncia de los funcionarios, porque era el instructor de los expedientes (otro funcionario) quien debía comunicarlo directamente a la fiscalía.

OBJETIVIDAD

José Manuel Pena, de Ciudadanos Independientes, puso el dedo en otra llaga: la objetividad del informe técnico de unos funcionarios que valoran los hechos atribuidos a la persona que les ha demandado por tráfico de influencias. La andanada de Pena elevó el tono de la discusión. El concejal de Cultura defendió lo “aséptico” del informe de sus funcionarios y el alcalde le recriminó dudar de la honorabilidad de éstos. Como quiera que Martín lo dijo elevando el volumen de su voz, José Manuel Pena le instó a dejar de “vocear”. Le valió de poco: “Voceo lo que me venga en gana”. Fue en ese momento y por un aspecto colateral (la ausencia de Pena en la Comisión de Cultura en la que se habló del tema y la excusa de Pena Fandiño de no haber sido citado), cuando el alcalde tildó de mentiroso al portavoz de Ciudadanos Independientes y éste abandonó el pleno: “A mí no me llaman mentiroso; y menos éste”.
Hasta ahí, Jesús Martín había desacreditado las intervenciones de José Manuel Pena, al que señaló como “amigo del interdicto” (del arqueólogo), y de Gregorio Sánchez, al que acusó de ser “colaborador nato” de Luis Benítez de Lugo. Y Manuel López Rodríguez había puesto todo el énfasis, en que a la oposición le preocupase más que el asunto hubiera llegado al pleno, que el posible daño al patrimonio municipal.
Sometido el punto a votación, fue aprobado con los únicos votos favorables del PSOE.

“CORTINA DE FALSEDADES”

Luis Benítez de Lugo, después de saberse denunciado por el ayuntamiento, declara que le parece “lamentable la utilización de la Administración y de la Fiscalía para venganzas personales, para correr una cortina de falsedades que oculte las ilegalidades cometidas para meter en el ayuntamiento al arqueólogo municipal a dedo”. “Lo que les quema es que nuestro equipo arqueológico haya descubierto la necrópolis del Cerro de las Cabezas, cuando el ayuntamiento llevaba treinta años trabajando en la zona con escasos resultados”. “Ni se han interesado en preguntarme por nuestra investigación o por lo que hemos hallado. Tampoco por nuestro novedoso método de trabajo, que permite obtener muchos más resultados de lo que ellos habrían soñado, produciendo relevante información científica y permitiendo la conservación de unas piezas arqueológicas que el ayuntamiento de Valdepeñas tenía abandonadas y tiradas”. “No sólo me han hurtado un trabajo de por vida como arqueólogo municipal de Valdepeñas, sino que además quieren impedirme trabajar en el pueblo de forma honrada como profesional liberal. Lo hacen al negar mis hallazgos, como hizo el alcalde Jesús Martín de forma ridícula, dando muestras de estar dominado por el rencor. Y ahora también al denunciar mi trabajo a la Fiscalía; un trabajo legal, profesional, altamente cualificado y que ha producido información científica desconocida en treinta años de gestión del Cerro de las Cabezas por Julián Vélez y Javier Pérez, dos arqueólogos imputados por la Justicia por haber cometido, presuntamente, tráfico de influencias”.

NULIDAD

Benítez de Lugo ha dado a conocer ahora, que el pasado 31 de marzo formuló ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la solicitud de que se declare la nulidad del auto del 3 de febrero, en el que se rechazaba el recurso (apoyado por el Ministerio Fiscal) en contra del sobreseimiento de su demanda por prevaricación contra Jesús Martín. El escrito insiste en la vulneración de derechos fundamentales y en que el archivo de la causa le deja en indefensión. El “incidente de nulidad de actuaciones” que Benítez ha formulado ante el TS reclama la admisión de su anterior recurso.


29/04/2014 | JULIÁN GÓMEZ
 
     
 
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