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Consenso en la suspensión del cobro por Plusvalías y críticas al gobierno por no corregir la ley
El Ayuntamiento prevé cobrar 437.000 euros a los operadores de telefonía móvil


Con los votos a favor de todos los grupos políticos, salió adelante la propuesta del equipo de gobierno de suspender el cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor del Suelo de Naturaleza Rústica, para compraventas formalizadas a partir del pasado 16 de febrero, de propiedades que hubieran sido previamente adquiridas desde el año 2008 y posteriores. La suspensión del cobro del conocido como Impuesto de Plusvalías se realiza de manera transitoria, garantizando la no prescripción de las liquidaciones ahora suspendidas y en espera de que el gobierno central corrija la normativa declarada inconstitucional en el supuesto del cobro del impuesto en casos en que no exista el hecho imponible. Esto es, que el valor del bien inmueble no se haya incrementado en su venta, en relación a su anterior transacción.
El portavoz de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), Sergio Mota, manifestó en el pleno que este acuerdo debería haber llegado antes, tal como ya planteó el grupo popular. El concejal ponente de la propuesta, Francisco Delgado Merlo, le explicó que la decisión no podía adelantarse a la declaración de la inconstitucionalidad del impuesto en los supuestos descritos. Delgado acusó al gobierno de la Nación, de no haber corregido aún este «desmán» y de quedarle «demasiado lejos» la financiación de los ayuntamientos, notablemente perjudicada con esta pérdida de ingresos. A la par con Delgado, el portavoz de Izquierda Unida-Ganemos, Gregorio Sánchez Yébenes, dijo que los ayuntamientos tendrán que ser compensados por una merma en su recaudación, que alcanzará el 14 por ciento de sus ingresos totales, en los casos de consistorios como los de Zaragoza o Logroño.
El portavoz del grupo popular, Martín Miguel Rubio, expresó su acuerdo con la suspensión del cobro, pero discrepó de la «coletilla» de la inacción del gobierno central reflejada en la propuesta de acuerdo. Dijo tener constancia de que el grupo popular en el Congreso trabaja en la elaboración de una nueva proposición de ley. Francisco Delgado le replicó que los principios de seguridad jurídica y de paz social obligan al poder ejecutivo (que no al legislativo) a una mayor celeridad en este asunto.

Tasa a la telefonía móvil

El pleno reunido este lunes 4 de diciembre, dio luz verde a una tasa que grava el uso del espacio público por parte de las compañías operadoras de telefonía móvil con toda clase de antenas y soportes tecnológicos. La elaboración del nuevo tributo es la causa del retraso en la aprobación de los presupuestos municipales para 2018. La prioridad es que los presupuestos, cuando se aprueben en enero, ya recojan la recaudación por esta tasa, que ha sido estimada en 437.538 euros.
El portavoz de UCIN preguntó si habrá excepciones en el cobro de la tasa a las compañía telefónicas, señalando en concreto a dos (la adjudicataria de la red local Wifi y de fibra óptica y a Movistar) y el concejal del PSOE Francisco Delgado dijo que pagarán todas las empresas «sujetas al hecho imponible», se llamen como se llamen.
Izquierda Unida y el PP estuvieron de acuerdo en que si los pequeños negocios pagan por hacer un uso privativo del espacio público, cuánto no menos las compañías que obtienen del mismo un beneficio mucho mayor. Se calcula en más de 30.000 metros cuadrados el espacio público que para su actividad ocupan los operadores de telefonía móvil en Valdepeñas.

Nueva tasa al comercio

Sobre la misma base que el punto anterior, el pleno aprobó la entrada en vigor de una nueva tasa para aquellos establecimientos comerciales que expongan sus productos en la vía pública. La tasa ha sido pactada en la Comisión de Ordenanzas, en la que participan todos los grupos políticos.
Gregorio Sánchez Yébenes, de IU-Ganemos, declaró en el pleno que si los negocios de hostelería pagan por instalar sus mesas y sillas en la vía pública, los comercios han de pagar también, porque algunos han «tomado la calle» obligando a los peatones a caminar por la calzada. Martín Miguel Rubio, del PP, secundó la misma postura, en defensa del interés general y de un espacio público libre de barreras.
El portavoz del grupo socialista, José Manuel Patón, agradeció el apoyo de los grupos de la oposición y destacó que la ordenanza prohíbe expresamente exponer en la vía pública productos de alimentación, por razones sanitarias avaladas por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

05/12/2017 | Julián Gómez
 
     
 
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